La Cámara de Diputados convirtió en ley el proyecto de alimentación saludable. La iniciativa venida en revisión del Senado fue aprobada sin modificaciones por 200 votos afirmativos, 22 negativos y 16 abstenciones. Ahora, pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación.
El articulado implementa un esquema de rotulado de advertencia octogonal negro con letras blancas que alerte sobre niveles críticos en azúcar, sodio, grasas saturadas, grasas totales y calorías en alimentos y bebidas analcohólicas. Además, prohíbe toda forma de publicidad de alimentos y bebidas analcohólicas dirigida especialmente a niños, niñas y adolescentes que contengan al menos un sello de advertencia.
Aspectos destacados del debate
El debate finalizó con la disertación de la diputada del Frente de Todos Florencia Lampreabe. La legisladora celebró la sanción de la iniciativa como una ley de soberanía alimentaria. En esa línea estimó que el espíritu de esta ley es “cerrar la brecha entre el lujo de una minoría que puede acceder a productos orgánicos y aquellos que están obligados a consumir pindonga o cuchuflito (en alusión a marcas desconocidas) porque ni siquiera pueden acceder a las porquerías de las primeras marcas”.
A su vez, en el marco del tratamiento sobresalió la presentación de la diputada Gisela Scaglia (PRO – Oposición). Señaló que el articulado busca “cambiar la forma en la que la industria informa lo que consumimos”, pero “no le prohíbe vender productos a nadie: Quien no quiera un sello negro puede producir productos de mejor calidad”.
Además, la diputada Graciela Camaño (Consenso Federal – Oposición) estimó que la iniciativa fue redactada con un error respecto “al tema de la armonización y la complementación”. Destacó: “Si incorporamos una norma internacional al Código Alimentario referida a la información, se asume que en ese aspecto la legislación que se tiene que dictar tiene que ser armonizada”.
Asimismo la diputada Mariana Stilman (Coalición Cívica – Oposición) se refirió a los plazos de adecuación: “aparte de los 180 días prorrogables para las grandes empresas y los 12 meses prorrogables para las PyMEs, hay que considerar los 90 días de la reglamentación y los dos años que da la ley para que las empresas gradualmente vayan adecuándose. Es decir, estamos hablando de periodos de alrededor de tres años para que una empresa decida si quiere adecuar su producto o llevar el etiquetado”.
En contraposición, la diputada Claudia Marquez (Consenso Federal – Oposición) consideró que “los plazos, en el actual contexto de la pandemia y crisis, deben extenderse”, mientras que “la prohibición de la publicidad solo debería estar vinculada al nutriente en exceso advertido”. A su vez, la diputada Silvia Lospennato (PRO – Oposición) calificó al proyecto como “excesivamente prohibicionista” y aseguró que sus plazos son “incumplibles para la
industria”. También desde una posición crítica, la diputada Carmen Polledo (PRO – Oposición) consideró que el diseño de octógonos negros “no es el único método posible, sino que hay otros menos hostiles y estigmatizantes que brindan infomación más precisa, útil e integral”.
Por otra parte, el presidente de la Comisión de Salud, Pablo Yedlin (Frente de Todos – Oficialismo) indicó que “el azúcar es una de las causas incluidas en el tema del sobrepeso y la obesidad. Pero es un producto natural, en cambio muchos edulcorantes tendrán que explicar qué tan saludables son”, desarrolló.
Asimismo, señaló que “el perfil de nutrientes de la OPS está hecho para los alimentos procesados y ultraprocesados, pero el proyecto no dice eso”. También solicitó que deberían incluirse como excepciones “a las fórmulas para lactantes, alimentos con propósitos médicos específicos y suplementos dietarios” (propuesta que no fue tenida en cuenta por el pleno). Finalmente, adelantó que “si el Mercosur avanza con otro tipo de etiquetado vamos a tener que sacar otra ley o nuestra industria va a tener que hacer una etiqueta para consumo interno y otra para consumo externo”.