Nos comunicamos para informarles que los diputados de la Comisión de Recursos Naturales aprobaron el proyecto de ley que modifica la Ley de residuos peligrosos. Ahora, la iniciativa se encuentra en condiciones de ser debatida por el pleno de la Cámara.
La iniciativa propuesta por el Poder Ejecutivo busca modificar el artículo 49 de la Ley 24051. Para ello propone actualizar el monto de las multas que en la actualidad está denominado en australes. A su vez, aumenta el tiempo de suspensión en el Registro Nacional de Generadores y Operadores de Residuos Peligrosos de 180 días a 3 años. Por último, establece que quienes sean cancelados del registro no van a poder formar parte de otras sociedades destinadas a los mismos fines. Podrán acceder al texto completo haciendo click aquí.
Cabe destacar que la Ley 24.051 indica que los residuos peligrosos son “todo residuo que pueda causar daño, directa o indirectamente, a seres vivos o contaminar el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general”. Además clasifica específicamente como residuos peligrosos a los siguientes, entre otros:
- Desechos resultantes de la producción y preparación de productos farmacéuticos.
- Desechos resultantes de la producción, la preparación y utilización de biocidas y productos fitosanitarios.
- Desechos resultantes de la fabricación, preparación y utilización de productos químicos para la preservación de la madera.
- Mezclas y emulsiones de desecho de aceite y agua o de hidrocarburos y agua.
- Desechos resultantes de la producción, preparación y utilización de resinas, látex, plastificantes o colas y adhesivos.
- Desechos resultantes del tratamiento de superficies de metales y plásticos.
- Desechos que tengan como constituyente metales carbonilos, arsénico, plomo, cianuros y otros.
Del debate se destaca la intervención del viceministro del Ministerio de Ambiente de la Nación, Sergio Federovisky, que manifestó “este proyecto apunta a que en una Argentina inflacionaria exista la posibilidad de una actualización sistemática de multas y le permita al Estado ejercer el rol esencial en materia ambiental”.