Los problemas surgidos de la pandemia imponen tres desafíos en la región que demandan la colaboración intergubernamental: costos económicos, derivas autoritarias y vulnerabilidad externa

La factura económica

Detener la interacción social ha implicado altísimos costos para millones de latinoamericanos. En la región, el 53% de la actividad económica es informal. Es decir, son unos 140 millones de personas, que ya adolecían de deficientes o nulas garantías materiales de acceso a seguridad social y salud, las que se vieron sumamente afectadas con las calles desiertas. Con la pandemia, ingresos, producción y comercio se ralentizaron mientras el desempleo, formal e informal, comenzó a crecer rápidamente. El recorte de gastos no esenciales y más endeudamiento son mecanismos considerados por los gobiernos para financiar acciones contra el Covid-19. Pero toda la región, que depende notablemente de sus exportaciones de bienes primarios, resiente la caída de ingresos originada en la disminución de la actividad económica en sus socios externos. El derrumbe del turismo ha afectado particularmente al Caribe, donde el sector se contraerá un 25%.[1] Mientras, el desplome de los salarios de los migrantes disminuye la renta de millones de hogares dependientes de los envíos de sus familiares en el extranjero.

De los 96,000 millones de dólares por remesas recibidos en 2019, este año llegarán un 19,3% menos a la región.[2] Argentina, que entró en default selectivo, es paradigma de debilidad financiera. Pero no es el único con dificultades fiscales. Deudas públicas por encima del 50% de su PIB tienen Colombia, República Dominicana, México, Costa Rica, Bolivia, Uruguay, El Salvador y Brasil. La mayoría de estas deudas son en dólares y, en consecuencia, dependen de los vaivenes de esta moneda.

La Cepal ha proyectado que, por los costos económicos de la pandemia, este año el PIB regional caerá 5,3%, y los pobres de la región serán 30 millones más.[3] Así, a la contención de la crisis sanitaria se ha sumado el amortiguamiento de una inevitable y profunda crisis económica.

Los costos políticos

Ante la peste y su expansión, las autoridades han ido adoptando medidas de contención bajo declaraciones de estados de emergencia, catástrofe o excepción. Para salvar vidas se han establecido oportunas medidas que, no obstante, restringen libertades individuales. Aunque la política continúa su cauce, se han aplazado elecciones municipales (Paraguay, Uruguay), presidenciales (República Dominicana, Bolivia) y de juntas comunitarias (Colombia). Chile pospuso el plebiscito constitucional y en Venezuela sigue la duda sobre la realización de elecciones legislativas. En Perú, el segundo país después de Brasil con más contagios, en plena pandemia el gobierno promulgó una ley que exime de responsabilidad penal a los uniformados que causen lesiones o muerte a ciudadanos.

En Bolivia fue promulgado un decreto para evitar contener la pandemia que también permite procesar penalmente a quienes critiquen las políticas públicas. En El Salvador se estableció una legislación que suspende temporalmente la garantía de derechos fundamentales. Y en Colombia fue suscrito, con dinero destinados para la paz, un contrato por 863.978 dólares para posicionar la imagen del presidente[4], y se gastaron 2.512.695 dólares en camionetas destinadas a “la protección presidencial”[5]. Entretanto, Brasil, con un fundamentalista evangélico que niega los efectos letales del virus, es un epicentro mundial de la pandemia y de preocupaciones de sus diez vecinos fronterizos.

En este escenario —donde los gobiernos pueden concentrar poder, reformar calendarios electorales y tener acceso expedito a recursos públicos—, legisladores, jueces y sociedad civil no tienen el mismo protagonismo ni la misma capacidad de acción. Después de la crisis sanitaria del coronavirus la democracia podría entrar en cuidados intensivos.

La dependencia externa

Con excepción de Cuba, Costa Rica y Uruguay, modelos exitosos de control de la peste, en la región es muy deficiente la inversión en salud. La mayoría de países no alcanza el nivel de dos médicos por mil habitantes. Nicaragua, Surinam y Guatemala tienen uno, y Bolivia, Guyana, Honduras y Haiti no tienen ni uno por cada mil. En Venezuela, el sistema sanitario estaba colapsado antes del coronavirus. Allí, además, al igual que en Cuba, Donald Trump continúa ejerciendo la vocación imperial de Estados Unidos.

Toda la región es vulnerable a la necesidad de personal de salud especializado y respiradores mecánicos —para proporcionar oxigeno a los pacientes de Covid-19 que no pueden respirar por sí mismos—. Los gobiernos que han actuado oportunamente se han esforzado por reasignar presupuestos para cubrir los déficits en infraestructuras. Y la resiliencia y el ingenio han permitido sortear la escasez de mascarillas, batas y guantes para el poco personal médico especializado. No obstante, mientras la producción de las pruebas tan fundamentales para diagnosticar el Covid-19 tienen sello anglo-estadounidense, coreano, francés, alemán, japonés o chino, los gobiernos latinoamericanos y caribeños deben comprar los respiradores artificiales en el exterior, en medio de una feroz competencia y altos costos. Las multinacionales fabricantes, ubicadas en Suiza, Alemania, Francia y Estados Unidos, han aumentado su precio de 15 mil a 70 mil dólares por unidad en medio de la multiplicación por tres de su demanda. Su adquisición en el mercado internacional exige de la alta política, pues se han convertido en un bien escaso y disputado.

La indispensable cooperación regional

A medida que avanza la curva del virus mortal hacia su pico más alto, se acerca el momento determinante para calibrar la efectividad de las medidas adoptadas. Y el panorama no parece halagüeño. Algunas ciudades ya están colapsando en su prestación de servicios médicos. No sería extraño que países enteros entren en situaciones similares. Por ello, se necesita robustecer la cooperación regional.

A pesar de ser tan fácilmente vilipendiada y, sobre todo, tan poco conocida en su materialidad, la cooperación regional es un activo singular de las relaciones internacionales en América Latina y el Caribe. La región dispone de experiencia en colaboración intergubernamental en salud y han surgido acciones conjuntas contra el coronavirus. Por una parte, desde 1971, la Comunidad Andina (CAN) cuenta con el Organismo Andino de Salud-Convenio Hipólito Unanue (OAS-CHU), que ha realizado 32 reuniones anuales de los ministerios de salud de sus países miembros. Este año, el OAS-CHU ha organizado cuatro reuniones a nivel ministerial y con funcionarios especializados en gestión del Covid-19 de los países miembros: los cuatro integrantes de la CAN más Venezuela y Chile. Entre 2008 y 2019, el Consejo de Salud Sudamericano de la Unasur fue espacio de discusión y concertación de políticas públicas de acceso a medicamentos, tratamiento de epidemias de dengue, prevención ante el arrivo del ébola y eliminación de la hepatitis C.

Por otra parte, este año, Prosur emitió una declaración política para intercambio de información y contacto permanente contra la pandemia. Los países miembros del Sistema de Integración Centroamericano suscribieron un plan regional contra el coronavirus, Caricom ha reiterado sus llamados a la cooperación contra el Covid-19 y los ministros de relaciones exteriores de la CAN han reconocido la necesidad de actuar conjuntamente contra la propagación del virus. Mercosur aprobó 16 millones de dólares para un programa de investigación, educación y biotecnologías aplicadas a la salud. La Cepal creó un Observatorio Covid-19 y los dos bancos de desarrollo de América Latina y el Caribe, la Corporación Andina de Fomento y el Banco Interamericano de Desarrollo, han reaccionado oportunamente a las demandas gubernamentales.

Mientras, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) estableció el 8 de enero de 2020 el objetivo prioritario de cooperación para analizar y monitorear virus y bacterias. Desde entonces, la Celac ha reunido en tres ocasiones epidemiólogos y virólogos de la región, quienes han establecido, mediante redes sociales, el intercambio de estadísticas e información científica. Además, el 26 de marzo la reunión ministerial en materia de Covid-19 de la Celac, con representaciones de 30 países y la participación de seis organizaciones regionales y el ministerio de salud chino, discutió la adopción de medidas de contención de la pandemia y sus impactos regionales.

La cooperación regional es un mecanismo político útil e indispensable para ampliar la capacidad de negociación y compra conjunta de insumos estratégicos hospilarios, velar porque la pandemia no debilite la democracia y prever la coordinación de acciones de posicionamiento de la región ante la recesión ecónomica global, el desplome de las finanzas internacionales y el desmoronamiento del multilateralismo post-segunda guerra mundial, que ya han comenzado.

* Giovanni Molano Cruz es profesor del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales en la Universidad Nacional de Colombia

Fuente: El País